Acuerdo N.º 316 de 13 de octubre de 2026, «Por medio del cual se aprueba la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público y se dictan otras disposiciones»
Análisis urbanístico, jurídico y técnico | Grupo Ideas Panamá | 11 de noviembre de 2026
El Acuerdo Municipal N.º 316, de 13 de octubre de 2026, fue publicado en la Gaceta Oficial Digital N.º 30646-C el 30 de octubre de 2026. Mediante este instrumento, el Consejo Municipal de Panamá aprueba y adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público (GDU-EP) como normativa aplicable a las intervenciones urbanísticas dentro de su ámbito territorial. El texto oficial incluye el acuerdo y su anexo técnico: 87 páginas en el documento adjunto.
Su importancia va más allá de la apariencia de las calles. La normativa incide directamente en accesibilidad universal, aceras, retiros, accesos vehiculares, fachadas, infraestructura, procedimientos de aprobación y responsabilidades de los propietarios. Para arquitectos, urbanistas, promotores y propietarios, esto obliga a revisar desde las primeras etapas la relación de cada proyecto con el espacio público.
Descargar el acuerdo municipal y la Guía de Diseño Urbano
Fuente: Consejo Municipal de Panamá; Gaceta Oficial Digital N.º 30646-C, 30 de octubre de 2026. El enlace anterior permite consultar y descargar el acuerdo con su Anexo I, no solamente un resumen editorial.
1. ¿Qué aprueba exactamente el Acuerdo N.º 316?
El artículo 1 aprueba y adopta la GDU-EP para el distrito de Panamá como instrumento técnico y normativo en el marco del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT), aprobado mediante el Acuerdo Municipal N.º 61 de 30 de marzo de 2021. Su finalidad es ordenar los criterios de diseño del espacio público, facilitar su disfrute y mejorar la circulación de todas las personas en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía.
Los artículos 2 y 3 desarrollan los objetivos y alcances: calidad del entorno construido, integración social, identidad local, eficiencia ambiental, fachadas y componentes del perfil vial. No es únicamente una guía gráfica de recomendaciones: el artículo 5 establece su carácter vinculante para la administración pública y los particulares.
2. ¿Dónde se aplica y cuáles son las excepciones?
De acuerdo con el artículo 4, se aplica a terrenos clasificados en el PLOT como suelo urbano (1) y urbanizable (2), con independencia de ciertos códigos anteriores de uso de suelo. También alcanza áreas de circulación peatonal de proyectos en Propiedad Horizontal que por su naturaleza o la normativa deban garantizar accesibilidad y continuidad con el espacio público.
El acuerdo incluye, sin perjuicio de reglas especiales, áreas asociadas a las líneas 1 y 2 del Metro, La Cresta, El Carmen y Costa del Este. Excluye del ámbito de la GDU-EP los territorios sujetos al plan especial del Casco Antiguo, el de Panamá Viejo y las zonas del Plan General de la Ley 21 de 1997.
Adicionalmente, contempla supuestos de actividad logística, industrial, ciertas bodegas, centros de convenciones e infraestructuras de transporte, siempre bajo las condiciones expresas del artículo 4. Una actividad combinada con otra no incluida puede perder la exclusión. Quedar fuera de la GDU-EP no significa estar exento de otras obligaciones de accesibilidad, seguridad, ambiente o movilidad.
3. Aceras y accesibilidad universal: el cambio más visible
El artículo 21 exige una circulación peatonal con ancho libre continuo no menor de 1.80 metros. Para entornos consolidados con limitaciones físicas, admite excepcionalmente 1.50 metros, garantizando la continuidad del recorrido. Al mismo tiempo, el artículo 6 establece que, si otra norma exige un ancho mayor, se deberá respetar el mínimo más exigente, salvo una norma superior expresamente incompatible.
Esto exige revisar el perfil real de la calle: postes, mobiliario, elementos estructurales, desniveles, accesos y otros objetos no pueden reducir de forma arbitraria la franja peatonal. También deben evaluarse el material antideslizante, los cruces, los vados, las pendientes y el drenaje para evitar caídas o escorrentías sobre la acera.
Un plano que representa un obstáculo como «existente» no elimina automáticamente la obligación de adecuarlo. El artículo 7 dispone que, en una nueva intervención, la adecuación del espacio público se integre al proyecto, considerando las reglas transitorias del artículo 53.
4. Tres plazos de adecuación: 60 días, 6 meses y 2 años
Adecuaciones prioritarias: 60 días calendario
El artículo 16 establece 60 días calendario desde la entrada en vigencia para corregir condiciones prioritarias relacionadas con libre circulación, obstáculos, seguridad y accesibilidad: aceras mínimas, invasión de espacios peatonales, drenajes indebidos, rampas y acabados inseguros, entre otras. Para materiales superficiales en aceras públicas se menciona un coeficiente de fricción dinámica DCOF no menor de 0.60 en húmedo.
Adecuaciones de corto plazo: 6 meses
El artículo 17 establece seis meses para ciertos ajustes, como pendientes de vados, la configuración de puertas cocheras, vegetación artificial en el espacio público y la ubicación de tinaqueras. Destaca una obligación significativa: la puerta cochera debe situarse a por lo menos 2.00 metros de la línea de propiedad, con una franja de protección de vegetación natural conforme al supuesto regulado.
Adecuaciones de largo plazo: 2 años
El artículo 18 establece dos años para modificaciones de continuidad y nivel de aceras, franjas podotáctiles, rampas de acceso vehicular, infraestructura y ubicación de postes o equipos. Se exige resolver los accesos sin alterar la continuidad peatonal y colocar infraestructura en sus franjas correspondientes.
Advertencia importante: los plazos generales no deben interpretarse como autorización para construir hoy en contradicción con las exigencias prioritarias. Los artículos 7, 13 y 53 contienen condiciones específicas para obras nuevas, expedientes en trámite y adecuaciones de inmuebles existentes. Los plazos se cuentan desde la vigencia del acuerdo, no desde la fecha de lectura de esta publicación.
5. Accesos vehiculares, puertas cocheras y estacionamientos
La GDU-EP busca invertir una práctica frecuente: el peatón no debe cambiar de nivel o perder la continuidad de la acera para facilitar el acceso de un automóvil. Los artículos 16, 17 y 18 contienen condiciones sobre rampas, bordes, drenajes, invasión de puertas y continuidad del trayecto peatonal. El ancho máximo indicado para la transición de rampa vehicular junto a la acera es 0.45 metros, en los supuestos que describen estas reglas.
La exigencia de 2.00 metros de franja verde frente a la puerta cochera amerita una revisión de portones, cerramientos, retiros y accesos especialmente en lotes estrechos. En proyectos comerciales o residenciales, el diseño del ingreso vehicular debe estudiarse desde el anteproyecto, con suficiente espacio para maniobras sin comprometer el paso peatonal.
Los artículos 32 a 37 establecen un trámite específico para solicitar excepciones al ancho máximo de los accesos vehiculares, con justificación geométrica, maniobrabilidad, análisis de tránsito y seguridad peatonal. La excepción es puntual; no genera derechos adquiridos sobre el espacio público.
El artículo 62 contiene una protección relevante para proyectos existentes: cuando una adecuación obligatoria suprima estacionamientos previamente autorizados, estos pueden continuar computándose a efectos de cumplir la dotación mínima originalmente exigible, bajo las condiciones allí establecidas. No autoriza crear estacionamientos nuevos contrarios a las normas vigentes.
6. Retiros, obstáculos e infraestructura urbana
Según el artículo 10, cuando la servidumbre vial existente no permita obtener el ancho de acera exigible, puede ser necesario utilizar la parte indispensable de la franja de retiro mínimo urbanístico para garantizar movilidad universal. El propio texto aclara que tal utilización, en las condiciones indicadas, no implica transferencia de dominio, expropiación ni constitución de una servidumbre adicional.
El artículo 11 limita la concesión de excepciones, con las salvedades procedimentales expresamente previstas; además considera casos en que infraestructura de servicios públicos ajena al propietario impide físicamente un cumplimiento total. Los artículos 19 y 20 distinguen las responsabilidades de propietarios, empresas prestadoras y terceros respecto a elementos que afectan la circulación.
7. Trámite de aprobación y visto bueno municipal
El artículo 8 incorpora a la Dirección de Planificación Urbana (DPU) al proceso de revisión de planos de la Dirección de Obras y Construcciones. Así, la compatibilidad con la guía pasa a formar parte de la revisión técnica de proyectos y adecuaciones.
El artículo 54 prevé un período de implementación para integrar esa revisión. Mientras tanto, los artículos 55 a 59 regulan el procedimiento transitorio de visto bueno; el artículo 56 señala 15 días hábiles para que la DPU resuelva una solicitud correctamente presentada. Se requieren memorial, información del inmueble, croquis y documentos de propiedad conforme al artículo 57.
Para la planificación de un desarrollo, el visto bueno de espacio público no sustituye el resto de aprobaciones urbanísticas, viales, arquitectónicas o constructivas que resulten aplicables. Debe incorporarse de manera coordinada al cronograma de permisos.
8. Proyectos aprobados y régimen de transición
El artículo 53 preserva los efectos jurídicos de anteproyectos, planos y permisos expedidos con anterioridad, pero sin eliminar las obligaciones de adecuación. Además, fija un régimen transitorio de seis meses para determinadas solicitudes nuevas o en trámite que contemplen intervenciones en el espacio público, permitiendo aplicar lineamientos anteriores con excepción de los criterios prioritarios del artículo 16.
Conclusión práctica: el expediente y su fecha importan. Antes de decidir que un proyecto «ya está aprobado» o que «puede acogerse a una norma anterior», se debe examinar la documentación y el tipo específico de actuación frente a los artículos 13, 16 y 53.
9. Fiscalización, remoción de obstáculos y multas
La norma contempla inspecciones, corrección voluntaria, remoción de obstáculos y procedimientos administrativos. Los artículos 21 a 25 regulan el ancho libre y la respuesta frente a obstrucciones; ante un riesgo inmediato para peatones, el artículo 24 permite ordenar medidas de remoción o demolición conforme al procedimiento aplicable.
Los artículos 51 y 52 modifican el régimen municipal de infracciones y agregan una multa base de B/. 5,000 por incumplir obligaciones de adecuación de la GDU-EP o del acuerdo, con posibilidad de acumulación de infracciones y otras medidas previstas en el esquema sancionador. Ese monto no debe interpretarse como un costo fijo que sustituya el deber de cumplimiento.
10. Incentivo para las obras de adecuación del espacio público
El artículo 61 establece una excepción al pago de ciertas tasas de permiso de construcción para las obras de adecuación del espacio público contempladas en el capítulo 2, sujetas a la validación de la DPU. Se aplica a trámites presentados desde la vigencia del acuerdo y no genera devolución de tasas pagadas previamente.
Es una herramienta que puede contribuir a reducir costos administrativos de intervenciones elegibles, pero no equivale a una exoneración general de cualquier permiso, tasa o gasto de construcción.
11. Árboles urbanos y soluciones de diseño ajustadas al lugar
Los artículos 38 a 42 priorizan proteger árboles consolidados o de valor ambiental. En adecuaciones de situaciones existentes, contemplan un procedimiento excepcional de reducción localizada del ancho libre, bajo condiciones de continuidad peatonal, preservación del árbol y sustentación técnica. La posibilidad no se extiende de la misma manera a proyectos de edificaciones nuevas.
Para los diseñadores urbanos, esto obliga a resolver de forma integrada la sección vial, el sistema radicular, los alcorques, el mobiliario y las condiciones de movilidad. El objetivo no es enfrentar arborización y accesibilidad, sino compatibilizar ambas.
12. ¿Cómo afecta a arquitectos, promotores y propietarios?
En arquitectura y anteproyectos: conviene modelar desde el inicio el perfil vial, la sección libre de acera, las diferencias de nivel, accesos, portones, franja verde y coordinación con redes de servicios. Modificar estos elementos al final puede implicar rediseños y retrasos.
En desarrollos inmobiliarios: las exigencias pueden repercutir en el diseño de planta baja, estacionamientos, retiros y el presupuesto de urbanización. En proyectos bajo Propiedad Horizontal, deben evaluarse también las conexiones peatonales de naturaleza pública o exigibles por las normas urbanísticas.
En inmuebles existentes: corresponde levantar el frente del lote, verificar ocupaciones, obstáculos, condiciones antideslizantes, escorrentías, puertas, rampas y responsabilidades de mantenimiento, priorizando lo exigido en los períodos de adecuación.
En inversión inmobiliaria y debida diligencia: revisar el cumplimiento del espacio público permite anticipar pasivos de adecuación y costos de cumplimiento que no necesariamente aparecen en el levantamiento del área privada del lote.
13. Análisis de Grupo Ideas Panamá
Desde la práctica de la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo inmobiliario, consideramos que la contribución principal de este acuerdo es definir reglas más precisas sobre el vínculo entre las edificaciones y las calles. La calidad urbana no termina en la fachada: depende de la experiencia continua y segura del espacio público.
El principal reto será la implementación técnicamente consistente, con criterios uniformes de revisión, coordinación entre dependencias municipales y prestadores de servicios públicos, y claridad para propietarios y profesionales sobre expedientes existentes. La efectividad de una norma urbana depende tanto de su diseño como de su ejecución.
Nuestra recomendación es incorporar una auditoría del frente urbano y la accesibilidad al diagnóstico inicial de cada proyecto, junto a la zonificación, servidumbres, retiros, acceso vehicular y aprobación de planos.
Conclusiones
El Acuerdo N.º 316 de 2026 introduce una regulación de aplicación vinculante para el diseño y adecuación del espacio público en el distrito de Panamá. Sus efectos son particularmente relevantes en aceras, accesibilidad, accesos vehiculares, integración con retiros, revisión de planos, régimen transitorio y fiscalización.
La oportunidad es construir una ciudad más caminable, segura y accesible. Para aprovecharla, es necesario conocer el texto íntegro, identificar las disposiciones aplicables a cada predio y anticipar sus exigencias en el diseño y presupuesto.
Documento de referencia
Nota: Este artículo constituye un análisis técnico e informativo de Grupo Ideas Panamá, no sustituye el texto oficial ni representa asesoría legal individual. Para un proyecto concreto deben revisarse las normas vigentes, el uso de suelo y los actos administrativos aplicables.
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